Así lo precisó un adelanto de la sentencia que lo declaró culpable de los delitos de colusión y lavado de activos y le impuso nueve años de prisión por el primer delito y 11 años y seis meses por el segundo, tal como lo pidió el fiscal del caso, José Pérez.
La extensa audiencia final, tras un año y medio de proceso, se realizó en el presidio exclusivo para exaltos funcionarios donde el exgobernante (2001-2006) está preso desde su extradición de Estados Unidos, en abril de 2022.
La jueza Inés Rojas, a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, señaló en su dictamen que Toledo fue parte de una concertación para la adjudicación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de 35 millones de dólares.
Uno de los elementos más importantes que fundamentó la condena fue la confesión del exoficial de Inteligencia israelí y amigo de Toledo, Yosef Maiman, quien declaró que recibió el soborno como testaferro del exgobernante, lo cual confirmó el representante de la empresa en Perú, Jorge Barata.
Maiman afirmó que transfirió a cuentas de fachada creadas en el exterior por Toledo, su esposa belga, Eliane Karp, su suegra, Eva Fernenbug, aproximadamente 21 millones de dólares, y el resto lo retornó a Odebrecht por un negocio frustrado en Colombia, aunque una versión periodística señala que el intermediario se quedó con cerca de 14 millones.
El abogado de Toledo, Roberto Su, anunció que apelará el fallo a una instancia judicial superior y alegó que la sentencia solo tomó en cuenta los testimonios que inculpaban al exgobernante.
El fiscal acusador, José Pérez, calificó la sentencia como histórica porque evidencia que la corrupción se castiga en Perú y reivindicó la defendió la autonomía e independencia de los fiscales y el Poder Judicial, pese a campañas mediáticas contra estos.
Además de Toledo, fueron condenados a nueve años de cárcel, con cargo a ratificación en una instancia superior, a los ex funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y a 14 años al empresario José Castillo, por su participación en el caso.
La jueza Rojas dijo de otro lado que durante el juicio declararon 119 testigos nacionales y extranjeros, se realizaron 175 audiencias, y se presentaron más de mil pruebas documentales contenidas en 173 mil folios.
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