Según explicó a Prensa Latina el presidente de la Amcrp, Humberto Pérez, la nueva iniciativa tiene previsto recorrer las principales arterias de la capital istmeña desde la Universidad de Panamá y concluir en el emblemático parque Belisario Porras.
De acuerdo con Pérez, en esta ocasión, la condena a la hostil política tiene lugar a pocas horas de que la cancillería de la mayor de las Antillas presente en la Asamblea General de Naciones Unidas una Resolución que demanda el cese del cerco estadounidense.
También será un escenario propicio, dijo, para expresar la solidaridad con el Gobierno y pueblo de la nación caribeña que enfrentó una compleja situación energética y de a poco avanza en su recuperación, pese a la falta de combustible y otros recursos, consecuencia también de las medidas coercitivas de Washington.
Asimismo demandarán que la administración de Joe Biden excluya a Cuba de una lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo, que incide de manera negativa en las normales relaciones comerciales y financieras de la isla.
Según trascendió, el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez, nuevamente presentará a finales de este mes en ONU la Resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
Al explicar ante la prensa interioridades de ese documento, el diplomático indicó que esa criminal medida constituye la política de guerra económica más despiadada, abarcadora y prolongada que se haya impuesto a país alguno.
Agregó que como consecuencia del bloqueo, Cuba sufrió pérdidas por cinco mil 56,8 millones de dólares desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, que representan un incremento de casi 200 millones con respecto al informe anterior.
La incidencia aproximada es de más de 421 millones de dólares mensuales, o sea, 13,8 millones de dólares diarios, y apuntó que en 60 años, esas afectaciones se elevaron a un billón 499 mil millones de dólares.
Para el jefe de la diplomacia de la isla, la arbitraria inclusión de La Habana en la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo profundiza las dificultades y afecta sensiblemente a las familias cubanas.
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