Sobre el tema analistas estiman que el supuesto conflicto entre el Gobierno y el Legislativo genera dudas sobre si se trata de un desacuerdo genuino o una maniobra política cuidadosamente calculada.
De un lado, los diputados de la Comisión de Presupuesto han solicitado una segunda modificación al proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Felipe Chapman.
Afirman que están discutiendo a contrarreloj porque el Ejecutivo entregó el presupuesto tarde, en octubre, incumpliendo con lo estipulado por Constitución, que establece su presentación en el mes de agosto.
Esa situación contradice las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien había asegurado que no sería necesario convocar a sesiones extraordinarias para discutir el tema.
Antes de viajar a Europa, el mandatario incluso restó importancia a la retirada del proyecto inicial por parte de Chapman tras las objeciones de los diputados, asegurando que no fue un «caos».
En ese sentido, expresó su desacuerdo con la asignación del siete por ciento el Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, argumentando que dicha cifra surgió de un diálogo en Penonomé en 2022.
Lo cierto es que el tema educativo ha sido el principal motivo de las quejas por parte de los parlamentarios, quienes insisten en que se deben incrementar los fondos para instituciones como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y las universidades.
Los diputados también han criticado los recortes a los gobiernos locales, que juegan un papel crucial en sus bases políticas, además solicitaron que se incluya el subsidio del gas.
De acuerdo con la ley hay dos escenarios sobre los asuntos presupuestarios, alertaron medios de comunicación como el canal de noticias TVN; uno de ellos -si no se aprueba el presupuesto antes del inicio del nuevo año fiscal-, es que entrará en vigencia el proyecto presentado por el Ejecutivo, que asciende a 26 mil 835.2 millones de dólares.
Otra opción en caso de que la Asamblea rechace la iniciativa, es que se prorrogará automáticamente el del año anterior, que en este caso, el de 2024 que es de 30 mil 690,3 millones de dólares, hasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto rechazado respecto al servicio de la deuda pública y el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado.
La víspera, el diputado Raúl Pineda, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno como inconstitucional y que acaba con el poder popular.
El nuevo proyecto representa unos 751.2 millones de dólares más en comparación al anterior y en donde se aumentaron los montos para proyectos de inversión.
El proyecto de Presupuesto 2025 está basado en una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del tres por ciento, una tasa ligeramente por encima de la calculada para este año, que es de 2.5 por ciento.
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