El Tribunal de Atención Permanente del municipio Comendador, en Elías Piña, impuso la medida a los miembros del Ejército Hansel Pérez, Andro Americo Medina y Yunior Manuel Novas, quienes permanecerán en el Centro Correccional de Rehabilitación de esta provincia.
Los tres prestaban servicio en el puesto de chequeo conocido como «La Cadena» y, según las autoridades, fueron captados por un vehículo aéreo de supervisión de los servicios mientras permitían el ingreso de ciudadanos del vecino país a cambio de dinero.
A inicios de esta semana la Dirección General de Migración informó que más de 20 personas fueron sometidas a la justicia en la República Dominicana por tráfico de indocumentados en las últimas semanas.
El organismo precisó que también unos 24 mil haitianos con estatus migratorio irregular fueron repatriados en lo que va de este mes, con la puesta en marcha por el Gobierno del plan de deportación masiva a partir del 3 de octubre.
La víspera el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee, afirmó que la entrada ilegal de ciudadanos de Haití a este país obedece a un lucrativo negocio en el que están involucrados varios sectores.
Durante un recorrido por las provincias fronterizas Elías Piña y Dajabón, Lee condenó a quienes atentan contra la patria traficando con ilegales.
«No solo podemos poner el dedo en la llaga de los militares porque hay actores colaterales que participan en el negocio; hay sitios de alojamiento y medios de transporte que se usan con ese propósito, y sobre todo muchas personas relacionadas en estos lugares», señaló.
En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto que fortalece las penas por el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Los responsables podrían ser condenados de 20 a 30 años de reclusión y multa de 200 a 400 salarios mínimos de ser perjudicadas personas con padecimientos psicológicos, discapacitados, niños y adolescentes.
El presidente del órgano constitucional, Alfredo Pacheco, explicó que todo aquel que utilice la fuerza o cualquier otra forma de explotación definida previamente para movilizar de manera ilegal a una víctima, aun con su consentimiento, será juzgado por este flagelo.
También permanecerá tras las rejas durante cinco años quien cree, altere, produzca o falsifique documentos de viaje o de identidad para el comercio ilícito de migrantes.
La ley vigente, promulgada en el año 2003, solo dispone cinco años de prisión para todos los culpables.
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