El Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz observó solo uno de los al menos tres delitos por los que son acusados los artífices principales de la ruptura constitucional en noviembre de 2019, y eso garantiza la continuidad del proceso, según el subprocurador Ricardo Condori.
La fiscalía tiene hasta este viernes para resolver la observación judicial, pero de no hacerlo, la audiencia, cuya continuidad quedó suspendida para el 29 de octubre a las 08:45, hora local, continuará con el resto de los delitos.
Condori explicó que el juzgado hizo observaciones de forma y no de fondo respecto a la acusación fiscal por el delito de terrorismo contra Pumari y Camacho.
Si la Fiscalía no corrige la acusación “tendríamos que estar con los otros dos delitos que entiendo que no han sido observados, si vale el término, por el tribunal, que son, en el caso de Marcos, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos (…)”, opinó la defensa de Pumari, José Luis Dávalos.
“En ningún momento se ha expresado, por parte del tribunal, que las acusaciones del Ministerio Público y de particulares, es decir, la presentada por la Procuraduría General, otras carteras del Estado y la señora Lidia Patty han sido anuladas”, aclaró Condori.
Pumari y Camacho son acusados en Golpe de Estado I por los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado y otras ilícitas cometidas durante los hechos de violencia que en noviembre de 2019 desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales y la toma del poder por Jeanine Áñez en un gobierno de facto.
La exgobernante firmó el 14 de noviembre de ese año el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa».
Este acusado reveló en diciembre de 2019, en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre José Luis negoció con militares y policías un acuerdo para que incumplieran su deber constitucional de respaldar al expresidente Morales.
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