La documentación se realizó en acto protocolar en la sede del Ministerio Público e incluye, además del expediente confeccionado por la comisión especial parlamentaria, un dossier con 19 textos probatorios del defalco de la empresa Citgo por el Parlamento en desacato (2016-2021).
Infante explicó que ese legajo incluye actas de esa Asamblea, acuerdos aprobados y juntas Ad Hoc designadas de manera ilegal que tenían como objetivo principal apoderarse de empresa venezolanas y bienes en el extranjero, entre ellos el más importante: Citgo Petroleum Corporation (Citgo).
También consignó la copia del acta de la sesión del 5 de febrero 2019 en la cual fue aprobado “el adefesio de estatuto para la transición de la democracia”, y en el cual aparecen los nombres de los diputados que aprobaron esta acta.
Todos documentos demuestran la implicación de estos actores en el “robo más grande la historia de Venezuela”, recalcó.
Saab, por su parte, comentó que desde el 2017 la Fiscalía adelantó importantes investigaciones en relación con “este bochornoso caso”, que consideró una de las peores tramas de corrupción conocidas en la historia Republicana.
Añadió que quienes cometieron esos gravísimos delitos “no tuvieron cualidad alguna previa de cargo popular alguno, sino que fueron electos a dedo por vía Twitter, desde el exterior bajo la administración de Donald Trump (2017-2021) para ejercer de facto un gobierno que buscó saquear y desestabilizar el país.
El fiscal general destaco que ese informe elaborado por la comisión especial del Parlamento incluye elementos probatorios de diputados de la mencionada legislatura, de miembros designados de su junta directiva Ad Hoc, de Pdvsa Holding y Citgo.
Además contiene el listado de los 15 partidos políticos que fueron cómplices del robo y de Organizaciones No Gubernamentales(ONG), las cuales recibieron financiamiento por parte de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, cuya directiva era írrita y al margen de la ley.
El titular consideró valioso y seria la investigación realizada por la comisión especial parlamentaria y anunció la designación de las fiscalías nacionales con competencia plena 50 y 67 para llevar a cabo las indagaciones y determinar las responsabilidades individuales contempladas en la ley.
Infante presentó el martes pasado ante la Asamblea Nacional los resultados conclusivos de la mencionada investigación que determinó la implicación de 351 personas, quienes actuaron con el apoyo de ONG, partidos políticos y sus juntas directivas.
Entre estos últimos aparecen Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Vente Venezuela, Un Nuevo Tiempo y Mesa de la Unidad Democrática.
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