Tras ser juramentado en una ceremonia oficial en La Paz por el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, Mariaca se dispuso a cumplir lo que prometió en un breve discurso.
Según expresó en presencia de autoridades de los poderes del Estado, deberá luchar contra la corrupción, la impunidad y la violencia de género, y hacer prevalecer la justicia y fortalecer el estado de derecho.
Por el momento, dio la bienvenida desde Sucre a las nuevas máximas autoridades del Ministerio Público en Santa Cruz, La Paz, Potosí y Pando, mientras que ratificó a los fiscales de los otros cinco departamentos y pidió compromiso a todos con su trabajo.
Elegido en segunda vuelta en sesión de ALP la noche del lunes último con el apoyo de 115 votos (ocho más que los dos tercios necesarios), el hasta ahora fiscal departamental de Santa Cruz agradeció el nombramiento a la ALP.
Choquehuanca, por su parte, advirtió que el fiscal general “no puede ofrecer más justicia para unos y menos justicia para otros”.
Recordó que el Ministerio Público representa a la sociedad boliviana ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, y que su objetivo principal es “proteger a las víctimas en resguardo a las garantías constitucionales y el respeto a los derechos humanos”.
El presidente de la ALP también destacó la necesidad de avanzar en la descolonización de la justicia, la cual definió como una de las “deudas del Proceso de Cambio”, iniciado en 2006.
Indicó que esa transformación pasa por desburocratizar la estructura jerárquica dominante, trascender la discrecionalidad, el desequilibrio y la mercantilización de la justicia.
Según Choquehuanca, desde 2006, el Estado Plurinacional ha quedado atrapado en las redes de la ley y del derecho donde “se acata, pero no se cumple”.
La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó finalmente la nómina de 10 postulantes seleccionados con vista a la designación de la nueva máxima autoridad del Ministerio Público después de ver entorpecida su labor por varios amparos judiciales que pedían suspender el proceso.
También en la semana que concluye, los bolivianos abogaron por la continuidad de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre del año en curso, tras una solicitud realizada por Choquehuanca.
El vicemandatario pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la “revisión urgente” de los fallos emitidos recientemente sobre estos comicios y exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a proseguir ese proceso.
Mediante un comunicado, expresó profunda preocupación por las recientes resoluciones de las salas constitucionales departamentales de Pando y Beni, que declararon desiertas las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del TCP.
Estos fallos responden a dos acciones de amparo constitucional que “van más allá de las atribuciones y funciones establecidas por el ordenamiento constitucional y legal (…)”, se informó.
Añade la nota que las decisiones de esas salas afectan a terceros que no fueron citados en dichas acciones de defensa.
En relación con este asunto, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, aseguró que ninguna autoridad puede suspender las elecciones judiciales del próximo 1 de diciembre sobre la base de la garantía que brinda el principio de preclusión.
Siles sostuvo que “el principio de preclusión establece que cualquier proceso electoral, incluyendo el proceso de elección de máximas autoridades del Órgano Judicial, no (lo) puede suspender ninguna autoridad”.
De acuerdo con declaraciones que ofreció a radio Erbol, los últimos amparos presentados en contra de las elecciones judiciales son extemporáneos, porque corresponden a la etapa de preselección de candidatos que ya fue superada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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