Según el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, la petición fue presentada en Sucre a través de una nota dirigida al presidente del TCP, Paul Enrique Franco.
Esa solicitud fue entregada junto con un requerimiento de que esa instancia revise con premura los más de 47 fallos emitidos por distintas salas constitucionales sobre el proceso de preselección de los postulantes judiciales, la cual estuvo a cargo de la ALP”, Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Vargas consideró importante que el TCP dé “la seguridad y la certeza de que estamos llevando un proceso electoral en total apego a la Constitución” y emita un pronunciamiento para dar “certeza a quienes estamos participando en este proceso electoral, además, tiene la competencia de revisar los fallos de estos tribunales de garantías”.
Subrayó que mientras el TCP no se pronuncie “existe un alto riesgo en el curso de este proceso electoral”, porque un fallo suyo que decida suspender las elecciones generaría un grave riesgo y daño al proceso, así como a las atribuciones y funciones del TSE.
De acuerdo con el ministro de Justicia, César Siles, el TCP debe revisar los fallos sobre al menos 47 recursos legales presentados en contra de los comicios judiciales.
Entre ellos está la determinación asumida por dos salas constitucionales de Pando y Beni que declararon, en audiencias distintas, desiertas las convocatorias a los procesos de preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al TCP.
De esta forma, dejaron en punto de inicio esta labor que estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Sin embargo, el 17 de octubre, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso continuar con las elecciones judiciales, en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por el dirigente intercultural Esteban Alavi.
Por su parte, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe demandó a los magistrados del TCP honestidad y responder al país “si quiere o no quiere elecciones judiciales”.
“Hay un riesgo latente” de paralización, advirtió al apuntar que hasta la fecha ya se ejecutaron 70 millones de bolivianos (10 millones de dólares) en la organización de los comicios judiciales del 1 de diciembre.
Coincidentemente, la Unión Interamericana de Organismos Electorales emitió un comunicado en el que hace votos para que “se genere un contexto jurídico que permita la culminación exitosa de este proceso (…), garantizando la celebración de los comicios de forma pacífica y con el respeto a los derechos de todos los ciudadanos”.
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