La institución que encabeza Eduardo Leblanc emitió un fallo tras realizar diversas investigaciones sobre una queja de oficio que recibió en diciembre pasado por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) acerca del cierre de 18 cuentas bancarias por parte de la estatal Caja de Ahorros (CA).
En ese sentido, la Defensoría recomendó abrir las cuentas y reparar el daño ocasionado al colectivo por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Superintendencia de Bancos de Panamá y la CA.
El dictamen agrega que la medida fue adoptada sobre la supuesta discrecionalidad de la CA sin establecer límites arbitrarios que no se habían instituido con anterioridad.
La resolución además sugiere evitar este tipo de acciones y asegurarse de que solo se lleven a cabo cuando se compruebe una acusación de un delito, y no de manera anticipada, respetando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
Igualmente, se exhorta a la Superintendencia de Bancos adoptar un enfoque más proactivo en la protección y defensa de los derechos humanos e intereses de los cuentahabientes, lo cual debe ser su prioridad, en lugar de concentrarse exclusivamente en las entidades bancarias.
La Defensoría del Pueblo hace énfasis en que el derecho a la libertad sindical está reconocido en la Constitución Política de la República de Panamá y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, concluye el texto.
Al respecto, Méndez explicó a Prensa Latina que, por primera vez desde noviembre de 2023, una entidad estatal atiende estos viejos reclamos de Suntracs.
También sugirió que deberían ser procesados penalmente los responsables de ese atropello y citó al expresidente de la República, Laurentino Cortizo; al exvicemandatario, José Gabriel Carrizo; y los anteriores titulares de la CA, Juan Melillo; de la Superintendencia de Bancos, Amaury Castillo; y del Mitradel, Doris Zapata.
Se trata, dijo, de una medida de carácter político, como lo es también la persecución que sufren nuestros dirigentes, por liderar las protestas populares contra la minería metálica a cielo abierto, en octubre y noviembre de 2023.
Para Méndez, la represión en su contra por parte del Ejecutivo se realiza en complicidad con los empresarios y el sector bancario desde hace meses, y está encaminada a amedrentar a uno de los colectivos líderes en las luchas contra un inconstitucional y antipatria contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
Además enfatizó que el Gobierno ha querido doblegar a Suntracs, incluso hacerlo desaparecer, ponerlo de rodillas, pero nunca lo lograrán y saldremos victoriosos del nuevo desafío.
El también excandidato presidencial en 2019 denunció que este año el Ministerio Público comenzó una investigación sobre un supuesto blanqueo de capitales referente a las cuentas donde están depositados los fondos de la organización, provenientes de las cuotas y el sudor de los obreros.
Eso hace que actualmente no se haya resuelto del todo el problema y todavía hay sucursales de la banca privada que se niegan a abrir cuentas para los depósitos de Suntracs.
Hemos interpuesto acciones de orden legal, como denuncias ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia por estos abusos, indicó.
“Nos persiguen por derrotar a los vendepatrias en las calles, pero ahí seguiremos firmes, porque nos asiste la razón”, remarcó.
mem/ga
