En un comunicado divulgado este lunes, el Ministerio señala que la decisión se tomó tras una revisión de las solicitudes presentadas por OCP Ecuador S.A., la empresa actualmente encargada, en busca de una prórroga, pero la Ley de Hidrocarburos no permite la extensión, sino la transferencia al Estado.
La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (Antep) inicialmente celebró la decisión porque esa acción le representa al Estado un ahorro anual de 125 millones de dólares, por dejar de pagar el transporte del crudo y por cobro del uso de la infraestructura.
Es crucial que este proceso sea supervisado con rigor (…) incluyendo los exámenes de control y determinación de posibles responsabilidades a quienes demoraron sin justificación la transferencia, generando un posible lucro cesante al Estado, advirtió la Antep.
No obstante, el Gobierno informó que en las próximas semanas dará a conocer la modalidad de administración y el proceso de licitación, asegurando una transición ordenada y transparente.
Inaugurada en 2003, esa tubería recorre 485 kilómetros para movilizar el petróleo desde los campos en el norte de la Amazonía hasta la terminal marítima de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas,y de ahí sale para su exportación.
Actualmente sufre los estragos de la erosión del Río Coca y se construyeron variantes tras estar varios días sin operar.
El contrato inicial concesionaba ese ducto por 20 años, que se cumplieron el 12 de enero de 2024, pero la empresa privada, cuyo actual accionista es la compañía argentina Pampa, firmó una prórroga para negociar la ampliación del contrato.
El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, envió el 25 de octubre una misiva a la empresa a cargo del oleoducto en la cual ordena la transferencia completa de la operación y la infraestructura al Estado hasta el 30 de noviembre de 2024.
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