Caraballo anunció el inicio formal del proceso una vez que le confirmaran que Carrizo no había sido juramentado como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) , foro regional que para algunos analistas es utilizado por los funcionarios para evadir la justicia ordinaria.
El pasado 10 de octubre, Caraballo solicitó en una nota oficial al Parlacen establecer si Carrizo goza del fuero penal electoral por haberse juramentado como diputado.
Carrizo enfrenta dos denuncias. Una es por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, presentada por los abogados Alejandro Pérez y Carlos Navarro.
Ambos letrados alegan que el exgobernante cometió una serie de irregularidades en el manejo de recursos del Estado, como el uso de la aeronave HP-20 propiedad de la Autoridad de Aeronáutica Civil para viajes de carácter personal.
Otras fuentes indican que Carrizo también utilizó helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval en medio de la campaña electoral del pasado 5 de mayo.
La segunda denuncia es por hechos distintos, aunque el procurador Caraballo no detalló el contenido.
El pasado 15 de octubre, Carrizo presentó una solicitud formal ante la junta directiva del Parlacen para asumir su curul como diputado en dicho órgano regional, tal como le corresponde, por derecho, tras concluir su mandato presidencial.
Un grupo de diputados panameños en ese organismo calificó la solicitud como una “pretensión inoportuna y desafortunada” para el país, aunque aclaró que no desconoce el derecho que tiene, según el Tratado Constitutivo del Parlacen.
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