La solicitud, firmada por la presidente Dina Boluarte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el titular de Defensa, Walter Astudillo, precisa que las tropas foráneas permanecerán en el país días antes y después de la reunión a realizarse los días 14, 15 y 16 de noviembre.
Añade que los militares norteamericanos estarán en Perú del 4 al 24 de noviembre y no precisa el número de los mismos ni otros detalles, con cargo a que los detalles los precise el Ministerio de Defensa en una resolución suprema.
Al mismo tiempo, los preparativos de la Cumbre de APEC, en la que se prevé la asistencia de presidentes de los países del grupo, como los de Estados Unidos, Joseph Biden, y de China, Xi Jinping, continúan.
Por su parte, organizaciones de transportistas ratificaron la decisión de realizar un paro nacional en los mismos días de la cita de APEC, pese a una campaña gubernamental que busca impedir la paralización que puede afectar la imagen del país, según el primer ministro Adrianzén, quien exhortó a desistir de tal propósito.
El titular de Justicia, Eduardo Arana, planteó el mismo objetivo, aunque en otro tono, pues acusó a los promotores del paro de atacar a la sociedad y al Estado y la congresista de derecha extrema Patricia Juárez sostuvo que protestar durante la cumbre de APEC es un acto de traición a la patria por atentar contra su desarrollo.
Los transportistas han anunciado que cuentan con el apoyo de agrupaciones de comerciantes, vecinales, estudiantiles, sindicatos y otras organizaciones sociales.
En las últimas semanas se han realizado dos paros exitosos de 24 y 48 horas, según la mayoría de la prensa, y sin mucho efecto, según el Gobierno.
“Nos están matando y el Gobierno y el Congreso no nos escuchan”, dijo el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, al fundamentar la decisión de ir adelante con las protestas, debido a la percepción de que el Gobierno no combate el alza de los casos de extorsiones masivas y sicariato.
Campos fustigó también al Parlamento de mayoría conservadora, por dictar leyes que, dijo favorecen a la criminalidad, criterio que comparten juristas, fuerzas políticas progresistas y analistas.
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