La declaratoria fue avalada luego de aprobar la alteración del orden del día para incluir en la agenda el análisis en segundo debate de este proyecto, que asciende a 30 mil 111 millones de dólares.
La coalición Vamos, que agrupa a los parlamentarios por libre postulación, presentó al pleno un informe de minoría en donde expresaron su rechazo a la forma “acelerada y sin discusión” con la que se aprobó este documento en primer debate en la Comisión de Presupuesto.
En ese documento, denunciaron la flagrante violación del Reglamento Interno en el proceso de discusión de este proyecto, que anuló las vistas presupuestarias de más de 80 instituciones del Estado.
Al respecto, el diputado independiente Roberto Zúñiga, manifestó que no estaban en contra del presupuesto, pero sí de la forma como se quiere aprobar a tambor batiente, lo cual solo denota la arrogancia y el autoritarismo de los representantes de los partidos tradicionales.
Zúñiga cuestionó además la manera tardía con la cual el Gobierno envió el proyecto de presupuesto de la Asamblea el 7 de octubre, a pesar de que el periodo ordinario de sesiones culmina mañana 31 de octubre.
Al respecto, trascendió que el abogado Neftalí Jaén interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de Gabinete que autorizó de forma extemporánea al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman presentar ante la Asamblea el proyecto de presupuesto del Estado 2025.
Para otros diputados como el independiente Betserai Richards, se activó el bochornoso cuartito de la Asamblea Nacional. La aplanadora del Gobierno que logró suspender las vistas presupuestarias para aprobar un presupuesto 2025 sin su debida revisión.
El proyecto inicial de Presupuesto recibió críticas por parte de los diputados y debió ser modificado sobre todo por no incluir los recursos establecidos por ley al sector de educación, montos no menores al siete por ciento del Producto Interno Bruto.
Para algunos analistas la supuesta contradicción y diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo panameño para sancionar el Presupuesto de 2025, es parte de una maniobra calculada con el fin de imponer los intereses gubernamentales, los cuales distan de los anuncios de austeridad en los gastos de funcionamiento para dar prioridad a las inversiones.
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