Varias bancadas aspiran a liderar esa nueva mesa legislativa, que tratará la iniciativa de Noboa, cuestionada principalmente por representantes de izquierda.
Una vez conformada, la Comisión Ocasional tendrá entre 30 y 60 días para presentar un informe al plenario, donde será discutido por todos los asambleístas. Luego, en 90 días, se preparará otro documento para un segundo análisis que, de ser aprobado, tendrá que ser sometido a referendo popular.
Específicamente, Noboa propone eliminar la frase de la Constitución que dice: «No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras».
La Corte Constitucional ecuatoriana dio el visto bueno a la iniciativa del jefe del Ejecutivo que causa polémica y algunos la catalogan como “demagogia y oportunismo”, así como parte de la agenda del mandatario de cara a la reelección en los comicios del próximo año.
Para el asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Leonardo Berrezueta, la propuesta del Gobierno es una “estrategia política”.
El 1 de abril de 1999 Ecuador y Estados Unidos firmaron un “compromiso interino” para facilitar el acceso y uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para controlar el tráfico de drogas.
Durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el acuerdo entre ambos países culminó con el cierre de la base norteamericana de Manta, en 2009.
Este hecho marcó un hito en la postura ecuatoriana frente a la influencia militar extranjera, alineándose con una tendencia de mayor independencia en la región.
Analistas afirman que con la presencia de uniformados de otros países no necesariamente se podrá controlar la crisis de seguridad existente en Ecuador, como pretende presentar el actual Ejecutivo.
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