Diversos reportes publicados en los sitios digitales de los diarios Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore y La Repubblica, entre otros medios del país, indican que las investigaciones revelan el alcance de las operaciones de estos espías, quienes interceptaron incluso correos electrónicos del presidente italiano, Sergio Mattarella.
En el centro de las pesquisas, en las que participan principalmente las fiscalías de Milán y Roma, se encuentran dos personas bajo arresto domiciliario desde el viernes último, así como otras cuatro, acusadas de varios cargos, entre ellos los de acceso no autorizado al sistema informático, corrupción y revelación de secreto oficial.
Encabezan la lista de inculpados el expolicía Carmine Gallo, así como el hacker Nunzio Samuele Calamucci, un informático considerado por los investigadores como el brazo operativo del robo de información, cuyas operaciones eran realizadas a través de la empresa Equalize, y otras compañías, incluida una en Londres, con uno de los centros de datos.
Los magistrados enviaron una comisión rogatoria al Reino Unido para investigar a esa empresa londinense, así como ordenaron la incautación de un servidor en Lituania, también utilizado en esas operaciones, mientras se investiga a 52 personas y ya se presentaron otras 10 solicitudes de detención.
Los ciberespías accedieron ilegalmente al Sistema Informático de Investigación (SDI) del Ministerio del Interior, fuente importante de datos personales, bancarios y fiscales, pero también afectaron al Sistema Nacional de Intercambio de Datos Financieros, que controla los pagos y declaraciones fiscales de todos los ciudadanos italianos.
Las relaciones de esta red abarcaban desde el crimen organizado hasta servicios secretos, presuntamente el Mossad israelí, a los que vendía informes sobre personas con datos del SDI, la base de datos del Sistema Informático de la Agencia Tributaria), así como del Registro Nacional de la Población Residente, entre otras fuentes.
Los informes se elaboraban a cambio de dinero pero también “con fines de extorsión o chantaje, para condicionar e influir, si fuera necesario, especialmente en los sectores políticos y empresariales”, según se conoció en los interrogatorios de los detenidos.
Se precisó, que a cambio de una remuneración de 143 mil euros, los técnicos de Equalize ponían en funcionamiento un sistema informático que permitía “la interceptación indiscriminada y encubierta de todas las comunicaciones y conversaciones de los empleados, incluso las íntimas y personales en WhatsApp”, apunta un parte policial.
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