Luego de un mes de debates y posiciones encontradas entre el sector de los trabajadores y la empresa privada, se espera llegar a consensos que se traduzcan en un anteproyecto de ley que el Gobierno presente a la Asamblea Nacional (parlamento) el próximo 6 de noviembre.
Las conclusiones de esas deliberaciones estarán encabezadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas ( sede del Ejecutivo), en medio de reclamos de los movimientos populares que exigen que la iniciativa contemple el sentir de las mayorías.
Al respecto, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, dijo a Prensa Latina que escuchar a la mayoría significa un solo sistema para la CSS, que es el sistema solidario, apoyado por 10 de las 11 organizaciones presentes en esas pláticas.
Sin embargo, los empresarios privados insisten en un sistema de tres pilares (solidario, cuentas individuales y ahorro voluntario) el cual ha fracasado en otros países donde se ha implementado, denuncian los colectivos populares.
También impulsan medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero- patronales, a lo que se oponen categóricamente las organizaciones sindicales y gremiales.
De acuerdo con Andrade, el sector trabajador no está dispuesto a negociar las jubilaciones, si el texto único presentado por el ejecutivo favoreciese la propuesta del sector empresarial, pues se trata de asegurar el bienestar del pueblo, aclaró.
Para el también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida lo que sí debe acabar es el negocio de la empresa privada con la seguridad social, al tiempo que denunció que en el país impera una mafia farmacéutica que impone precios inalcanzables a los medicamentos.
El pasado 17 de octubre, tras una marcha por las principales arterias de la capital istmeña, las organizaciones sociales entregaron una carta dirigida al presidente de la República, con los principales reclamos sobre el seguro social.
Andrade indicó que en la misiva se resumen en 10 puntos los principales reclamos de los trabajadores, entre otros que los empresarios aporten al programa de Invalidez Vejez y Muerte la misma cuota por cada obrero.
“No queremos que las pensiones queden en manos privadas para convertirlas en un vulgar negocio, el cual traería más miseria a la familia panameña”, remarcó.
El Estado debe ser el soporte principal para garantizar el pago y aumento de las jubilaciones y pensiones, mediante aportes sólidos, reafirmando la necesidad de la solidaridad en las pensiones y rechazo a la privatización de las mismas, enfatiza el documento.
También demanda adecentar la administración de la CSS, liderada ahora por el empresario Dino Mon, y, acabar con la corrupción, fortalecer su autonomía y que los miembros de su Junta Directiva sean seleccionados por sus organizaciones y no por el Ejecutivo.
Los sindicatos y otros gremios defienden el sistema solidario que funcionó hasta el 2005, cuando la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) hizo una reforma estructural a la CSS , creando otro modelo de jubilaciones o pensiones que combina el Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido con un nuevo sistema mixto de ahorro individual.
Para varios analistas este cambio fue la raíz del problema, pues el sistema de reparto definido se quedó sin cotizantes y actualmente la CSS enfrenta un déficit de 673 millones de dólares en uno de los dos subsistemas de pensiones (en el de beneficio definido), lo que podría hacer que se quedara sin fondos a finales de este año.
Sobre el tema, un estudio actuarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que ese déficit es uno de los problemas que arrastra la CSS, ya que ninguno de los tres últimos Gobiernos ha podido acometer las reformas necesarias para superar la crisis financiera.
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