Mahamat, mediante un comunicado oficial, declaró que el impedimento a la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) desafía el derecho internacional y, de implementarse las dos normativas, impedirían la asistencia humanitaria del organismo multilateral al pueblo palestino.
Este último bajo ataques físicos y continuos sin precedentes en un territorio bajo ocupación israelí.
Recordó las obligaciones y compromisos de Tel Aviv en virtud del derecho internacional, incluidas las obligaciones jurídicas como miembro de las Naciones Unidas que ordenaron la existencia y el funcionamiento de la Unrwa desde 1949 y el derecho internacional humanitario, en particular la obligación de permitir ayuda humanitaria a los civiles necesitados.
Mahamat pidió medidas urgentes y decisivas por parte de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU para reafirmar el derecho internacional, al que está obligado el Estado de Israel.
El 28 de octubre pasado, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó dos leyes que prohíben las actividades de la Unrwa, en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este.
El texto prohíbe que la Unrwa tenga representación alguna, preste servicios o realice actividad directa o indirectamente dentro del territorio ocupado por Israel.
La medida reducirá severamente las actividades de la agencia en Gaza y Cisjordania, dada la dependencia de coordinación con las autoridades israelíes.
La Unrwa proporciona actualmente servicios vitales, como educación y salud, a millones de palestinos, especialmente en Gaza y Cisjordania, y le será muy difícil poder trabajar sin coordinación con las autoridades israelíes, debido a la falta de visados o permisos de entrada.
Cuenta con más de 30 mil empleados que Israel acusó sin presentar pruebas concluyentes de estar implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023.
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