La propuesta, que afloró este jueves en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en Brasilia, en una reunión para presentarla a los gobernadores, amplía la actuación de la Unión en las acciones de seguridad pública.
«Pronto, pronto, el crimen organizado va a estar participando en concurso, indicando juez, fiscal, político, indicando candidato. Y eso es algo que es casi incontrolable, si no montamos un pacto federativo que involucre a todos los poderes, que están involucrados directa e indirectamente en ello», afirmó Lula.
En su evaluación, la delincuencia organizada está creciendo, dentro y fuera de las cárceles.
«De vez en cuando, vemos hablar del Comando Rojo, el PCC (organización criminal). Y están en casi todos los estados, compitiendo en elecciones y eligiendo concejales. Y, quién sabe, indicando personas para utilizar cargos importantes en las instituciones brasileñas», alertó el gobernante.
En el mismo encuentro, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, afirmó que el crimen organizado gana contornos de mafia en Brasil, con actuación en la «economía real».
Llamó a mantener el diálogo con los estados para identificar lo que necesita ser modificado en la legislación y «encontrar soluciones concretas» en el sector.
El Gobierno planea promover cambios en la seguridad a través de una propuesta de enmienda a la Constitución que será enviada para su consideración al Congreso Nacional.
Tal texto fue elaborado por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien explicó a los gobernadores los detalles de la propuesta.
Señaló que resulta necesario realizar y «cambios estructurales» en el área porque el diseño establecido por la Constitución de 1988 «está absolutamente superado por la dinámica de la criminalidad», que ha dejado de ser local para ser nacional y transnacional.
Actualmente, el Gobierno federal es responsable de las acciones de defensa nacional (Fuerzas Armadas), mientras que la mayor parte de las atribuciones de seguridad corresponden a los gobiernos estaduales con sus policías civiles y militares.
El propósito de la administración de Lula es integrar las fuerzas policiales, reforzar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP) y aumentar las responsabilidades de la Unión.
Lula invitó al análisis a gobernadores, secretarios de seguridad y autoridades del Congreso y del Poder Judicial para escuchar después opiniones sobre la propuesta.
El objetivo es cerrar un texto con el mayor apoyo posible de los estados, con condiciones para ser aprobado por la Legislatura.
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