En el primero de los casos hay evidencias de que el cetáceo se enredó en las redes puestas en el centro de cultivo de la firma Australis Mar, ubicado en la Reserva Nacional Kawésqar, de la Región de Magallanes.
Poco después se descubrió el cuerpo sin vida de otro ejemplar de esta misma especie en las cercanías de las instalaciones de la empresa Cooke Aquaculture, dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén.
Aunque este último sitio está inactivo desde 2022, tras la decisión de un tribunal ambiental por sus posibles impactos en la biodiversidad, allí hay contenedores con sustancias químicas peligrosas y corrosivas.
El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Medio Ambiente, presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se realicen todas las diligencias hasta determinar si existe un delito asociado a estos casos.
Las ballenas tienen un rol fundamental para el bienestar de los ecosistemas marinos, así como en la mitigación del cambio climático, y en el país están bajo el amparo de la ley, puntualizó la cartera en un comunicado.
Activistas y organizaciones defensoras del medio ambiente, entre ellas Greenpeace, reclamaron que las áreas declaradas por el Gobierno como protegidas, cumplan en realidad esa función.
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