De acuerdo con un informe del Legislativo, entre esas iniciativas sobresale la del Presupuesto de la Nación- asciende a 30 mil 111 millones de dólares- aprobado por la mayoría de los 71 diputados tras controversiales debates y denuncias de inconstitucionalidad.
También destacan propuestas que abarcan reformas en áreas como educación, patrimonio cultural, protección ambiental y derechos sociales, entre otros temas.
En la lista se encuentran iniciativas que buscan centralizar la educación artística en el Ministerio de Cultura, actualizar el convenio de aviación civil, adoptar medidas contra la ciberdelincuencia, alcanzar derechos al acceso al agua potable, modernizar la Gaceta Oficial y modificar la normativa sobre trata de personas.
Para algunos analistas, aunque los proyectos aprobados en tercer debate son importantes, ninguno apunta a combatir la corrupción, principal demanda de la sociedad, pese a la existencia de iniciativas impulsadas por diputados independientes de la bancada Vamos, entre ellas las reformas al Reglamento orgánico de la propia Asamblea.
Las sesiones extraordinarias del Parlamento han sido convocadas por el jefe de Estado para el miércoles 6 de noviembre y hasta fin de año, con un único tema en agenda: los cambios que se esperan para sacar de la crisis a la estatal Caja de Seguro Social (CSS), su sistema de pensiones y las prestaciones médicas.
Organizaciones sociales y sindicales han alertado sobre la intención del Ejecutivo de, en medio de fiestas patrias, privatizar la CSS, recurrir a medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación y las cuotas obrero patronales, además de implementar un sistema de cuentas individuales, contrario al solidario por el que abogan la mayoría de los colectivos participantes en mesas temáticas sobre este asunto.
El propio secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, ha denunciado que ni siquiera el borrador del proyecto fue presentado a los colectivos- aunque así lo acordaron-;y se espera que el Gobierno lleve al Legislativo un anteproyecto de ley redactado a espaldas del soberano.
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