En su habitual conferencia de prensa, la mandataria aludió a un proyecto de resolución que analizará esa instancia mañana, el cual propone modificaciones a la reforma judicial promulgada en septiembre, al resolver acciones de inconstitucionalidad presentadas por formaciones políticas.
La jefa de Estado recordó que los partidos políticos carecen de personalidad jurídica para estas acciones.
“Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta, y tercero, ya fue publicada la reforma” al poder judicial, argumentó.
La presidenta señaló que están legislando sobre una reforma constitucional y subrayó que solo al Constituyente, integrado por la Cámara de Diputados y la de Senadores así como los congresos locales, corresponde la aprobación de modificaciones a la carta magna.
“Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del Constituyente, es decir, se está sobrepasando sobre sus funciones”, aseveró Sheinbaum al señalar que es esta instancia la que está provocando un problema constitucional y no ella, como señalan voces de la oposición.
Cuestionó la más reciente postura del ministro Juan Luis González Alcántara, quien presentó la semana pasada la resolución y planteó ahora la pretensión de buscar una negociación.
“¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el Constituyente (…) Si ya es reforma constitucional, es parte de la Constitución. Y estos ocho ministros, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar” la carta magna, denunció.
De acuerdo con autoridades y especialistas, la reforma judicial promulgada busca poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en ese poder autónomo, lo cual ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Además de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la modificación a la carta magna en esta materia contempla otros puntos, entre estos, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte.
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