El evento reunirá a 37 personas habilitadas por el Supremo, con el fin de presentar argumentos técnicos y jurídicos.
Figuran entre los participantes parlamentarios y representantes de la agroindustria, los movimientos sociales y los institutos de investigación.
El tribunal analizará la llamada Acción Directa de Inconstitucionalidad, promovida por el Partido Socialismo y Libertad, contra la exención a los agrotóxicos del 60 por ciento del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios y la alícuota cero del Impuesto sobre Productos Industrializados.
Las exoneraciones están aseguradas en las cláusulas 1a y 3a del Convenio número 100/97 del Consejo Nacional de Política Agraria y el decreto 7.660/2011.
«Al realizar la audiencia pública el Supremo cumple con el papel que la sociedad espera de él, que es actualizar las cuestiones que llegan al STF y escuchar las voces de la sociedad, en este caso sobre el tema de la exención fiscal de los agrotóxicos», indica el coordinador de la organización Tierra de Derechos, Darci Frigo.
De acuerdo con Frigo, otro hecho importante a ser debatido es que «el tributo no recaudado por el Estado brasileño podría destinarse a la promoción de la agroecología y la lucha contra la crisis climática».
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra considera urgente revertir este escenario por el bien de la salud de las familias brasileñas.
«Brasil ya es líder mundial en agrotóxicos, con más de cinco mil sustancias y 700 mil toneladas usadas por año», acusó.
Una encuesta realizada por la Asociación Brasileña de Salud Colectiva estima que los estados y la Unión dejaron de recaudar 12,9 mil millones de reales (2,3 mil millones de dólares), considerando la comercialización de agrotóxicos en 2021.
El valor representa, por ejemplo, cinco veces el presupuesto reservado por la Unión en 2024 para prevención y lucha contra los desastres naturales.
«Los impactos sociales y económicos son enormes. Solo pensar en cuánto dinero deja de recaudar el país», denunció la secretaria ejecutiva de la Campaña Permanente Contra los Agrotóxicos y por la Vida, Jakeline Pivato.
Según la Tierra de Derechos, la expectativa de las organizaciones y movimientos populares es que la audiencia pública ponga de manifiesto las inconstitucionalidades de la exención fiscal y, con esto, orientar a los ministros para la manifestación o revisión de votos ya emitidos para la posición en defensa de la salud y el medio ambiente.
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