Cada uno de los tres Comités de Evaluación publicó anoche en sus páginas oficiales los respectivos avisos públicos para integrar los listados de quienes serán seleccionados para participar en los comicios de junio del año venidero, como parte de la reforma judicial promulgada en septiembre.
De acuerdo con el documento del poder judicial, en la cita ante las urnas se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de la sala superior del Tribunal Electoral, 15 de las salas regionales y 464 de circuito, así como 386 jueces de distrito.
El periodo de inscripción será del 5 al 24 de noviembre de este año, a través de las opciones establecidas por cada uno de los convocantes.
Las convocatorias del Senado y del poder judicial ratifican que los aspirantes deben poseer título en Derecho con un promedio mínimo de ocho y de nueve en las materias relacionados con el cargo al que se postulan en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.
También exigen práctica profesional de al menos cinco años para ministros y magistrados electorales y tres para magistrados de circuito.
La emitida por el Comité de Evaluación de Presidencia refiere que deberán gozar de buena reputación, no haber sido condenado por algún delito, ni haberse desempeñado como senador, diputado, secretario de Estado, fiscal general o titular del poder ejecutivo de alguna entidad, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria.
Al finalizar la revisión documental, los comités deberán tener los listados con los folios y nombres de quienes cumplan los requisitos de elegibilidad, organizados por cargo, tipo de órgano, circuito y especialidad, refiere La Jornada, al precisar que dichas listas se publicarán a más tardar el 15 de diciembre.
Además de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la modificación a la carta magna en esta materia contempla otros puntos, entre estos, que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no sea mayor a la del Presidente de la República.
Según autoridades y especialistas, la reforma judicial promulgada busca poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en ese poder autónomo, lo cual ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, refieren encuestas.
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