En una entrevista este miércoles para el programa radial A primera hora, Garzón alertó que el proceso consultivo sobre el tema de las bases militares propuesto por el presidente Daniel Noboa, no coincidiría con los comicios del 9 de febrero del próximo año, ni siquiera para una segunda vuelta en abril.
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La asambleísta, militante de la Revolución Ciudadana, se refirió a los plazos legales para tratar la iniciativa dentro de la mesa que dirige y luego en el plenario.
“La norma dice que, desde que avocamos conocimiento, tenemos 60 días para el primer debate y 90 para el segundo. Una vez que la Asamblea defina, hay 45 días más para un llamado a las urnas”, explicó.
Añadió que es importante el aporte de especialistas, abogados constitucionalistas, pues Noboa sugirió modificar el artículo cinco de la Carta Magna, donde hay todo un capítulo que establece la no injerencia en otros territorios y la libre determinación de los pueblos.
No es solo un tema de derechos, sino también que pensemos en temas sociológicos o históricos, tomando en cuenta que en nuestro país ya tuvimos una experiencia previa de una base extranjera y queremos que el Gobierno se sincere sobre cómo se va a aplicar esto, argumentó la legisladora. Además, consideró que la posible aprobación de este texto no significaría una solución inmediata a la inseguridad existente en el país.
Por otro lado, el presidente Noboa cuestionó este miércoles en sus redes sociales la conformación de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, liderada por Garzón, que tratará su propuesta de permitir bases militares extranjeras.
El mandatario señaló textualmente: «El PSC (Partido Social Cristiano) y SUMA (Sociedad Unida Más Acción) entregaron al correísmo (Revolución Ciudadana), quienes se oponen a las bases extranjeras, la presidencia de la comisión que decidirá sobre ellas…Cómo intentan revivir el pasado».
Durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017) tuvo lugar el cierre de la base estadounidense ubicada en la ciudad de Manta.
Analistas consideran que ese hecho marcó un hito en la postura ecuatoriana frente a la influencia militar extranjera, alineándose con una tendencia de mayor independencia en la región.
Sin embargo, el gobierno actual busca cambiar eso con el argumento de que es necesaria la presencia de uniformados foráneos para controlar la seguridad nacional.
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