El organismo legislativo calificó la acción como una violación a la soberanía territorial y los derechos marítimos del gigante asiático en el Mar Meridional.
Para el Parlamento chino esta ley también es una tentativa de validar la sentencia del tribunal de arbitraje de 2016, fallo que Beijing rechaza categóricamente.
Según la declaración, el gobierno chino tiene derechos de soberanía y jurisdicción sobre las islas en cuestión, así como sobre las áreas circundantes, basados en argumentos históricos y legales.
La Asamblea reiteró que el arbitraje de 2016, «al que Manila apeló de manera unilateral, se realizó en violación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos)» y subrayó que las resoluciones emitidas por dicho tribunal carecen de validez.
China enfatizó que no reconoce el fallo ni ninguna acción que se derive de él e instó a Filipinas a detener sus actividades, al tiempo que llamó a preservar la relación bilateral.
De acuerdo con la Asamblea, las medidas de Manila agravan las tensiones en el Mar Meridional y amenazan la paz y la estabilidad de la región.
La Cancillería también expresó el firme rechazo hacia las nuevas leyes de áreas marítimas y de navegación insular aprobadas por Filipinas, y confirmó que el embajador de aquella nación en Beijing fue citado para recibir una protesta oficial.
En el último año los incidentes en el Mar Meridional entre la guardia costera china y embarcaciones filipinas han sido cada vez mayores.
Las relaciones entre las dos naciones vecinas se han deteriorado notablemente desde la llegada al poder en Manila de un presidente partidario de la alianza con Estados Unidos.
De hecho, el Departamento de Estado del país norteamericano amenazó con recurrir al Tratado de Defensa Mutua que tiene Washington con Filipinas para respaldar las acciones de este último en el mar Meridional de China.
nmr/idm
