En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el embajador de La Paz en Bogotá, Gabriel Campero, señaló que el mandatario boliviano aboga de manera constante por un entendimiento franco y transparente, con el cual puedan dirimirse las fricciones que actualmente existen en el país y que alteran su normal dinámica y desarrollo.
Acotó, no obstante, que es intolerable la imposición en la mesa de negociaciones de temas que no le competen al Gobierno, como cuando se le pide intervención en procesos penales por delitos comunes, de reconocimientos de congresos o habilitaciones a candidaturas presidenciales que entran dentro de la jurisdicción del Órgano Electoral Plurinacional.
Es debido a esos requerimientos que el Ejecutivo descartó antes poder llevar adelante la atención de esas peticiones puesto que ante estas no tiene potestad, señaló.
Remarcó Campero que el tema de los procesos penales le corresponde a la Justicia, en este caso lo que atañe a las denuncias de estupro por las que la Fiscalía imputó al expresidente Evo Morales (2006-2019), en tanto su habilitación como candidato recae sobre el Tribunal Supremo Electoral a través del Órgano Electoral Plurinacional.
A pesar de que se explicaran esos argumentos, añadió, los seguidores del exmandatario prosiguieron con bloqueos que dejan más de dos mil millones de dólares en pérdidas, generan perjuicios al Estado y a los pequeños negocios, repercuten en el abastecimiento de combustibles e inciden en el aumento de la inflación de la canasta básica.
Detalló el diplomático que, de la mayor cantidad de los cierres viales, 22 de ellos se hallaban en la ciudad de Cochabamba y que, a pesar de que la circulación era normal en el resto del país, esa región es un punto neurálgico de productos que van desde el oriente al occidente y viceversa.
Es por esa razón que diversos sectores empezaron a solicitar al Gobierno que se realice un desbloqueo de carácter nacional e incluso algunos piden que se declare un estado de excepción en esa zona, aspecto que descartó el presidente Arce, refirió el embajador.
Si bien aún no se registra ninguna pérdida de vida humana, lamentó que las protestas dejen ya 19 policías heridos.
También hay varios detenidos por acciones que corresponden a secuestro y tortura, incitación a delinquir, portación de armas artesanales, dinamitas u otros elementos que no se corresponden con una manifestación de carácter pacífico, afirmó.
La protesta en Bolivia está garantizada, expresó, pero cuando se detectan la presencia de armas en estos puntos de bloqueo e incidentes que no cumplen con lo que establece la normativa, es necesario intervenir.
Comentó que, tras 23 días de bloqueo y un desgaste de la población no directamente involucrada, -sino que sufre sus repercusiones, la carencia de productos y combustible-, los sectores sociales que respaldan a Morales llaman a cuarto intermedio (pausa) para proceder a una valoración de la situación y también solicitan mesas de diálogo.
En este punto insistió en que el Gobierno planteó por más de trece veces su intención de platicar, lo cual fue recientemente aceptado por los protestantes, después de ver reducido su número de seguidores, según juzgó Campero.
También remarcó que, a pesar de los graves daños ocasionados a la economía de la nación, que desde antes mostraba signos de debilidad, se preservan todas las políticas de carácter social implementadas.
“No se ha retirado ni un solo bono estatal, todos están presentes: el bono Juancito Pinto (que mejora el acceso a la educación a los niños), la subvención a los hidrocarburos, todos se mantiene hasta el día de hoy”, subrayó.
Los espacios que generan desestabilización hacen mucho daño a una economía ya muy frágil. Si a eso se le suma el boicot que crean algunos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se entiende que son muchos los obstáculos para concretar los proyectos de industrialización y garantizar la continuidad de los bonos sociales, lamentó Campero.
ga/ifs
