“Se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el marco constitucional y legal vigente en el país (…)”, asegura el punto uno de la Segunda Declaración por la Democracia.
El texto leído por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, en resumen, rechazó la sentencia del TCP que suspende los comicios en algunos departamentos.
Al tema se refieren dos de las siete conclusiones asumidas por los líderes de los partidos políticos y alianzas con personalidad jurídica vigente en el país, autoridades de los órgano Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado y funcionarios de organismos internacionales.
La sentencia de la Sala Cuarta del TCP declaró desierta la convocatoria a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
En el encuentro convocado por el TSE, participaron el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca; los titulares de la Cámara de Senadores y de Diputados, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra, respectivamente, así como el ministro de Justicia, César Siles.
Dentro del contexto de la reunión, Choquehuanca, Rodríguez, Yujra, Siles y los portavoces de las organizaciones políticas expresaron “respaldo pleno al TSE en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales de forma íntegra a realizarse el 15 de diciembre de 2024”. Con el propósito de blindar esos comicios en las condiciones, alcances y plazos previstos, los asistentes ratificaron con su firma “la plena vigencia” de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024.
Asimismo, insistieron en “el deber y la responsabilidad de todos los órganos del poder público y de las organizaciones políticas de garantizar la realización de procesos electorales con integridad. Esto es, seguros, transparentes, plurales, competitivos y con la más amplia participación ciudadana”.
Igualmente, se estableció en el documento que el Órgano Ejecutivo debe garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las elecciones judiciales, así como la posesión de las autoridades electas en enero de 2025.
A la ALP, en tanto, se solicitó “la emisión de un pronunciamiento inmediato rechazando la Sentencia Constitucional 0770/2024- S4”.
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