La titular del Parlamento, Viviana Veloz, informó este martes que pedirá un dictamen interpretativo a la Corte Constitucional respecto a las competencias de la ministra de Trabajo, Ivonne Nuñez.
En opinión de Veloz, Núñez ha ido más allá de las competencias que tiene como representante de esa cartera.
Según el Ministerio de Trabajo, la «falta grave» que ameritó la sanción a Abad fue el «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos» al incumplir la disposición de la cancillería sobre su traslado de Israel, donde fue designada como embajadora, a Türkiye en un plazo establecido.
De acuerdo con la presidenta de la Asamblea, Abad solicitó ser escuchada por los legisladores y su comparecencia será virtual, según su abogado, Damián Armijos.
Veloz indicó que se debe dejar claro que los únicos competentes para fiscalizar o presentar una solicitud de enjuiciamiento político y proceder a una censura o destitución son los asambleístas, como dicta la Cara Magna.
La líder del órgano parlamentario afirmó que la Asamblea tiene la obligación de defender la Constitución, los principios democráticos y el ordenamiento jurídico vigente en el país, no a una persona, sino al estado de derecho.
Políticos de izquierda y de derecha, así como juristas y analistas calificaron de ilegal e inconstitucional la medida impuesta contra la vicejefa de Estado, pues consideran que solamente la Asamblea puede adoptar una decisión respecto a un cargo de elección popular.
La vicegobernante denunció que el mandatario, Daniel Noboa, estaría preparando un golpe de Estado para asegurar su reelección en 2025.
“Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente – candidato entre en su campaña electoral”, aseveró Abad.
Noboa oficializó este lunes, mediante el Decreto Ejecutivo 457, el nombramiento de Sariha Moya, actual secretaria nacional de Planificación, como vicepresidenta encargada y detalló que ocupará el cargo durante el periodo máximo de ausencia temporal de la vicepresidenta.
A su vez, el gobernante derogó el decreto que nombró a Abad como “embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel”.
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