Bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico, funcionarios de Washington aseguraron que ni siquiera el presidente neogranadino de entonces, Gustavo Duque, supo del empleo del programa adquirido a la empresa israelí NSO Group por 11 millones de dólares.
El actual gobernante, Gustavo Petro, el mismo que a inicios de septiembre pasado informó a la ciudadanía acerca del empleo del mentado software con fines de espionaje, remarca cuán nocivo resultan esos hechos para el país.
“Nuestra soberanía no es solamente alzar una bandera, sino que las principales decisiones que se toman en Colombia la tomen las y los colombianos, si la toman otro tipo de personas, entonces hemos perdido soberanía”, expresó el gobernante el mismo día en el que Estados Unidos aseveró estar involucrado en el asunto.
También opinó acerca de la afirmación de que todo se habría realizado a espaldas del anterior jefe de Estado.
“Si es cierto que el pasado gobierno no sabía, en este caso presidente y ministro de Defensa, entonces hay un superpoder policial encima del poder democrático, es decir, elementos de una dictadura que no tiene que ver con la constitución y la ley”, añadió Petro.
Asimismo, reveló que, a su juicio, no solo se compró un único software de espionaje y que Pegasus solo sirvió de modelo para un gobierno sin respeto de los derechos humanos.
“Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones fueron ordenadas por la justicia. Corresponde a la rama judicial decirnos si esas órdenes se dieron, si no, la Justicia debe procesar a quienes lo permitieron. Toda afectación predeterminada de un o una nacional en contra de la soberanía es un delito y se llama: traición a la patria”, sentenció el mandatario.
De su lado, el canciller Luis Gilberto Murillo comentó que en relación a este asunto le preocupa la soberanía y que se le ha pedido a Estados Unidos más información al respecto.
Reveló que próximamente se reunirá con funcionarios estadounidenses en un encuentro donde reclamará una mayor transparencia sobre el manejo de Pegasus “para tener garantías de que ese software se usó de manera correcta”.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo manifestó por su parte que para salvaguardar la democracia es crítico que el gobierno norteño explique cómo se desarrolló la adquisición y operación del software espía.
Demandó conocer cómo se aplicó esa tecnología, contra quién y quienes la operaron.
“Los colombianos tenemos derecho a saber si se violaron derechos humanos y nuestra propia seguridad y soberanía, con el presunto espionaje de teléfonos pertenecientes a figuras políticas de la oposición, sus familiares, magistrados, abogados, y representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales”, escribió en su red social X.
El periodista Mauricio Jaramillo expuso en un artículo que la admisión de Estados Unidos devela la premura por lavarle la cara a un establecimiento que no está acostumbrado a rendir cuentas en materia de seguridad y defensa con la excusa de la razón de Estado.
Recordó en su texto divulgado en la revista Raya que Pegasus fue adquirido y utilizado en medio de una de las peores represiones del último tiempo que dejó 80 asesinados, cientos de desaparecidos y torturados durante el estallido social de 2021 con el concurso de las autoridades nacionales y locales.
“No es posible disociar Pegasus del autoritarismo blando al que apeló de manera sistemática Iván Duque con un discurso de apología a la guerra con negaciones a las violaciones a los derechos humanos, la rotulación de menores como máquinas de guerra, la simplificación de masacres y homicidios, asesinato de niños en bombardeos, entre otros”, escribió.
En torno al asunto hay quien es aún más enfático.
El periodista y director del semanario Voz, Zabier Hernández, opinó que Estados Unidos asumió la culpa para tratar de terminar el debate y debilitar la denuncia, pero que aún hay mucho por destapar.
“Duque sí sabía. No era contra el narcotráfico, sino contra la izquierda y el movimiento popular”, expresó.
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