Para el relator especial para los derechos humanos en esa nación, Richard Bennett, se trata de una clara violación de los derechos humanos y demuestra un alarmante patrón de castigos públicos.
En un comunicado a propósito del hecho, el experto condenó esa práctica retomada desde el regreso al poder de los talibanes.
«Esos atroces castigos son claras violaciones de los derechos humanos y deben detenerse de inmediato», dijo
Por su parte, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (Unama, siglas en inglés) rechazó las ejecuciones llevadas a cabo en público, contrarias a las obligaciones internacionales de el país en materia de derechos humanos.
La Misión instó a las autoridades de facto a «establecer una moratoria inmediata de todas las ejecuciones con miras a la abolición de la pena de muerte».
A la par, pidió respeto por el debido proceso y los derechos a un juicio justo, en particular el acceso a la representación legal.
De acuerdo con reportes del organismo, la ejecución pública fue llevada a cabo en un estadio deportivo en Gardez, provincia de Paktya.
A la par que reconoce avances en cuestiones como el tráfico de drogas, la ONU presiona por mayores garantías para las mujeres y niñas a la par que rechaza la reintroducción de ejecuciones públicas, flagelaciones y otras formas de castigo corporal.
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