Los objetivos de la iniciativa persiguen la modificación del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo en aspectos como la reparación integral, concesión por allanamientos y preacuerdos, aplicación de principios de oportunidad, entre otros.
“Cuando hay explicaciones y cuando hay razonabilidad, se llega a acuerdos muy rápidos y la verdad es que este proyecto ayuda a agilizar la justicia y a lograr sanciones también para las personas que infringen las normas penales”, expresó la ministra de Justicia, Ángela Buitrago a propósito de la noticia.
La aprobación del proyecto se dio después de que se eliminara el contenido del artículo siete, que proponía la rebaja de 25 por ciento en las penas para agresores de menores de edad siempre que estos aceptaran los cargos.
Una de las inclusiones novedosas de la propuesta versa en que la acción penal podría extinguirse además de por la muerte, la aplicación de un principio de oportunidad o la amnistía del imputado, también tras la reparación integral de la víctima.
En el contenido de la norma se aclara que la reparación integral solo procede en delitos de homicidio sin intención, lesiones personales sin intención, delitos que admiten desistimiento, entre otros.
A la reforma aún le quedan por delante otros tres debates en el Congreso. arc/ifs
