El penado había huido en abril a Argentina y fue localizado por agentes del orden público en el municipio de Cascavel, sureño estado de Paraná, tan pronto como regresó a territorio nacional.
A petición de la PF, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó el mes pasado la extradición de 63 brasileños involucrados en los episodios antidemocráticos que siguen fugitivos en Argentina.
En junio, Buenos Aires proporcionó a Brasil una lista de unos 60 individuos buscados por la justicia brasileña, que estarían en suelo argentino.
Desde entonces, la PF empezó a formalizar la solicitud de extradición ante el Supremo.
Para escapar de la justicia brasileña, los investigados y condenados utilizaron varias rutas, incluidas vías fluviales y terrestres.
Hasta la fecha, el STF condenó a 265 personas involucradas en los eventos del 8 de enero, de las cuales 223 recibieron penas por delitos más graves relacionados con la depredación de bienes públicos, y 42 fueron sancionadas por incitación al golpe al negarse a realizar acuerdos.
La corte superior validó además pactos con 476 acusados y absolvió a cuatro personas.
Más 15 acusados serán juzgados por delitos menores hasta el próximo día 18, después que también se nieguen a pactar con la justicia.
Los actos extremistas dejaron un perjuicio material de 20,7 millones de reales (unos cuatro millones de dólares).
En las condenas, el Supremo estableció el pago de una multa de 30 millones de reales (unos seis millones de dólares), divididos entre todos los acusados, por daños colectivos.
Bajo gritos de intervención militar y de rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 los edificios del STF, el Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital.
La PF informó que concluiría este mes la investigación sobre la participación de Bolsonaro y aliados, en el intento de golpe de Estado.
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