Ese colectivo señaló en un comunicado que la iniciativa del mandatario contradice las obligaciones del país como Estado Parte de los tratados internacionales de derechos humanos, en el sistema universal como en el interamericano.
De acuerdo con la DNI, la propuesta gubernamental atenta contra el principio de no regresión de derechos que inspiró a la Asamblea Constituyente en la redacción de la Constitución de la República en 2008.
Consideran que la sugerencia de modificar la Carta Magna es una medida de carácter populista en un contexto preelectoral y, de ser aprobada, agravaría la situación de olvido y marginación de las personas privadas de libertad, entre ellas los adolescentes en conflicto con la ley penal. Actualmente, alrededor de 770 niños, niñas y adolescentes están privados de libertad en Centros de Adolescentes Infractores y otros con medidas no privativas de libertad, que provienen de hogares disfuncionales y sumidos en la pobreza extrema, advierte la organización.
El pronunciamiento añade que el Estado ecuatoriano es responsable de la custodia y de garantizar el derecho a la vida de alrededor de 34 mil personas privadas de libertad, entre ellas dos mil mujeres.
“Tienen todos los derechos como todos los ciudadanos, a excepción del derecho a la libertad. Eliminarlos como grupo prioritario significaría eludir la responsabilidad estatal de formular y ejecutar políticas públicas de atención integral especializadas y negarles la posibilidad de reeducarse y rehabilitarse, subraya el documento.
Noboa pretende reformar los artículos 35 y 51 de la Carta Magna, que ubica a los reos entre quienes deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
Además, la actual Constitución le reconoce a los reclusos varios derechos, entre ellos, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.
Según el mandatario, es necesario reformar esos artículos para corregir lo que él considera un error.
La propuesta fue enviada a la Corte Constitucional y luego deberá ser tramitada en la Asamblea Nacional (Parlamento).
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