Numerosas personas portaban banderas maoríes, exhibían capas de plumas e indumentarias tradicionales.
Aunque los maoríes representan cerca del 20 por ciento de la población en este país oceánico, siguen experimentando discriminación, abusos de diversos tipos e intentos de violentar su cultura, según reflejan varios medios locales de prensa.
La propuesta de normativa, impulsada en el Parlamento por el ministro de Justicia, David Seymour, busca reinterpretar los principios del Tratado de Waitangi, suscrito en 1840, poco antes de que Nueva Zelanda pasara a formar parte del imperio británico, con el fin de regular las relaciones entre la Corona y los maoríes.
El Comité de Justicia del Legislativo estudiará durante seis meses el proyecto, aprobado el pasado 14 de noviembre, en la primera de tres rondas obligatorias para que pueda convertirse en ley, en cuyo caso sería necesario realizar un referendo.
Desde entonces, las protestas han sido casi constantes y muchos participantes alegan defender las “mokopuna”, una palabra maorí que significa generaciones futuras.
El proyecto apunta a eliminar los programas gubernamentales para la población maorí, expuesta a un mayor riesgo de pobreza, encarcelamiento y baja esperanza de vida.
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