En un informe presentado la víspera en el foro “Políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado”, el representante para la región de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Edgardo Sandoval, sostuvo en el istmo han aumentado los ciberdelitos, los fraudes bancarios, las estafas, el lavado de dinero, el contrabando de armas y la trata de personas y drogas.
Según precisó, la nación canalera registra un índice de criminalidad de 6.98(en una escala del 1 a 10) , calificación considerada alta, lo cual podría explicarse por la posición de Panamá como un corredor clave para el tránsito de mercancías y personas hacia diversos destinos.
En cuanto al tráfico de drogas, se identificaron actores criminales que incluyen grupos mafiosos y sectores ligados al sector privado.
Entre las estructuras delictivas reconocidas en Panamá destacan pandillas como Calor Calor, Bagdad y otras organizaciones que operan en actividades como la contaminación de contenedores con drogas.
El informe también señala una alta participación de actores del sector privado, quienes controlan segmentos de la economía formal en coordinación o bajo coacción de grupos criminales.
Las actividades delictivas con mayor crecimiento incluyen la trata y el tráfico de personas, así como la venta de drogas, especialmente cocaína.
La investigación concluyó que el sistema judicial de detención y la lucha contra el lavado de dinero son las medidas de “resiliencia” más bajas en los que Panamá debe mejorar.
De otra parte, subrayaron la importancia de que en el istmo se realicen mayores inversiones en la recopilación de datos precisos sobre delitos, implemente estrategias para su control y evalúe su efectividad.
Sobre el tema, el ministro de Seguridad, Frank Abrego, aseguró que el gobierno trabaja en el fortalecimiento de estrategias para combatir el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la criminalidad organizada.
El funcionario alertó que enfrentan redes delictivas complejas que evolucionan de manera constante, por lo que se requieren políticas públicas para desmantelar la estructura financiera ilícita.
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