El llamado auto de enjuiciamiento dictado por el juez Juan Carlos Checkley dio así por terminada la prolongada fase de investigación y dispuso que se inicie el proceso a Castillo por el delito de rebelión, cometido, según la acusación, al intentar las citadas medidas, el 7 de diciembre de 2022.
El juicio incluye a los presuntos cómplices de lo que la prensa y los detrActores del exgobernante llaman golpe de Estado, sus ex primeros ministros Betsy Chavez, en prisión preventiva, y Aníbal Torres, prohibido de salir del país.
También comparten el banquillo con el maestro de escuela que solo duró menos de 20 meses en el cargo, sus exministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, quien ejerce como parlamentario.
Igualmente, serán enjuiciados los oficiales de Policía Manuel Elías, Justo Venero y Eder Infanzón, acusados de haberse involucrado en el intento del entonces mandatario, de librarse de la presión del Parlamento mayoritariamente conservador.
El expresidente y sus abogados rechazan el cargo de rebelión y alegan que ese delito, según el código penal, se comete mediante el alzamiento colectivo en armas, de las cuales, afirman, no hizo uso Castillo.
Sin embargo, sus detractores señalan que haber ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar el decreto de disolución del Parlamento e intervención de los órganos de justicia equivale al uso de armamento.
Castillo ha intentado reiteradamente, con decenas de recursos y apelaciones, recuperar su libertad y bloquear el juicio en su contra, y en días recientes uno de esos intentos fue rechazado por el Poder Judicial.
En esos empeños, argumenta que la causa en su contra es ilegal porque fue detenido violando la inmunidad que tenía, pues al ser detenido por sus propios escoltas estaba en funciones y debió ser sometido a un proceso especial.
El Congreso, que lo cesó sumariamente el día de su intento de disolverlo, sostuvo para ello el criterio de que Castillo fue detenido porque incurrió en delito flagrante, por lo que también perdió su inmunidad.
El fracaso del decreto de Castillo fue decidido por un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas que respaldó al Parlamento, el cual reconoció como nueva mandataria a la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
El entendimiento entre la oposición a Castillo y su vicepresidenta generó una vasta protesta que se prolongó desde diciembre hasta marzo, con un saldo de 50 civiles muertos, casos pendientes de esclarecimiento.
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