La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de gastos e ingresos para 2025, el cual deja sin financiamiento al INDH, entidad autónoma que no está bajo la autoridad de ningún poder del Estado, pero requiere recursos públicos.
En una declaración emitida aquí, más de 50 organizaciones y dirigentes políticos recordaron que la creación de ese instituto fue impulsada por la sociedad civil y refrendada por un acuerdo producto de la experiencia vivida durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su objetivo es hacer justicia y evitar la repetición de los delitos de lesa humanidad cometidos en ese período, donde según distintos informes se registraron más de 40 mil casos de torturas, desapariciones, asesinatos y otros crímenes.
El que una vez más se pretenda dejar al INDH sin presupuesto es un grave ataque no solo a esa institución y sus trabajadores, sino también a los defensores de los derechos humanos y a la ciudadanía, advierte el texto.
La diputada Lorena Fries señaló que esa entidad garantiza protección a todos frente a problemas como la discriminación hacia las personas mayores, los niños, adolescentes y mujeres, la corrupción y la violencia institucional.
“No se puede aceptar el rechazo al presupuesto del INDH, institución necesaria para una democracia que trabaja por la justicia y resguarda la memoria”, señaló, por su parte, el Premio Nacional de Derechos Humanos Claudio González.
Para el abogado Yerko Ljubetic, la defensa y promoción de las garantías fundamentales debería ser consenso transversal en todos los sectores políticos, por lo tanto no corresponde que la discrepancia de algunos implique dejar sin efecto o sin poder funcionar al instituto.
Entre las organizaciones firmantes de la declaración figuran la Red Nacional de Sitios de Memoria, la Corporación 3 y 4 Álamos, el Parque por la Paz Villa Grimaldi, la Asociación por la Memoria Colonia Dignidad y la Fundación Iguales.
También rubricaron el texto la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Londres 38, Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, Comisión Ética Contra la Tortura, la Agrupación de Ex Presos Políticos de la Araucanía y la Casa de la Memoria de Valdivia.
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