Según explicó a la prensa, la orden expresa es no dejar pasar a ningún manifestante hacia el Centro Histórico de la capital, donde está ubicado el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
El general señaló que los policías actuarán con base a la normativa legal, en caso de que los manifestantes se tornen violentos.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) emitió un comunicado en el que repudia “enérgicamente las medidas represivas anunciadas por el gobierno de Daniel Noboa contra las legítimas protestas del pueblo».
Rechazamos que los miles de policías que deberían estar cuidando la vida de las personas, estén listos para reprimir al pueblo, señaló la Ceosl.
El Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular ratificaron las movilizaciones que se llevarán a cabo en 12 provincias del país durante la tarde de este jueves.
Ante la advertencia del Gobierno sobre el uso progresivo de la fuerza frente a posibles actos de violencia que se presenten, las organizaciones sociales y sindicales respondieron que esto demuestra el carácter represivo y autoritario del presidente Daniel Noboa.
“Esperamos que no sea una antesala para iniciar un proceso de criminalización a la lucha social, violentando el derecho a la protesta estipulado en la Constitución”, afirmaron en un pronunciamiento divulgado en redes sociales.
Asimismo, denunciaron la compra de 280 mil granadas de bombas lacrimógenas por 6,8 millones de dólares, mientras faltan inversiones para salud, educación o el sector eléctrico.
La fuerte presencia policial en los alrededores de donde tendrá lugar la concentración popular se produjo horas después de las declaraciones de la ministra del Interior Mónica Palencia, quien recordó la vigencia de un estado de excepción en la capital, medida que limita los derechos de libertad de asociación.
El presidente del FUT, José Villavicencio, ratificó que este jueves saldrán a las calles y rechazó las amenazas del Gobierno.
Consideró que el Ejecutivo, lejos de escuchar las demandas populares, opta por medidas represivas, prohibiendo que los manifestantes lleguen al Centro Histórico de Quito. “Este acto es un golpe a nuestras libertades y una amenaza a la democracia”, enfatizó.
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