En las consultas en la comisión de Salud y Trabajo del Legislativo para evaluar el contenido del proyecto 163 sobre reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), voceros de gremios y agrupaciones sindicales han demandado retirar la iniciativa por violar derechos de los trabajadores, impulsar medidas paramétricas y la privatización de la única entidad pública que atiende a los jubilados.
De su parte, la víspera, en conferencia de prensa semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ratificó que no retiraría la iniciativa ante cuestionamientos que estimó más un «show político» que propuestas concretas de cómo salvar a la CSS de la crisis financiera y estructural por la que atraviesa.
En un mensaje a quienes se oponen al proyecto, Mulino enfatizó que el objetivo no es privatizar los fondos, sino administrarlos de manera más eficiente para obtener mayores rendimientos.
Incluso sugirió la posibilidad de que la CSS retome un programa de préstamos de vivienda de interés social de forma limitada.
El gobernante insistió en que el proyecto no busca generar aplausos mediáticos, sino resolver problemas financieros y administrativos de la institución.
También explicó su derecho constitucional a vetar, pero adelantó que sancionará la ley una vez sea aprobada. «Tengo fe en que la Asamblea Nacional va a responder a un pedido del país», remarcó.
Sin embargo, la secretaria general del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Nelva Reyes, refutó la frase de Mulino de que los colectivos abandonen la necedad, y afirmó que “no la dejaremos porque tenemos 38 años de estar luchando y resistiendo para que la CSS no sea privatizada”.
En este sentido, presentó lo que sería la propuesta de los trabajadores sindicalizados, basada en un sistema 100 por ciento exclusivamente de beneficio definido, en el que los obreros tengan un retorno de al menos el 60 por ciento de su salario.
Por su parte, el economista Carlos Araúz, quien también compareció ante los diputados, advirtió sobre la gravedad del déficit actual y subrayó la importancia de actuar con datos precisos y consensos sólidos, dejando de lado discursos amenazantes y divisivos. Mientras, el diputado Crispiano Adames volvió a insistir en la necesidad de contar con el sustento financiero que les permita validar el alcance de los cambios que propone el Gobierno sobre la seguridad social.
rc/ga
