Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores apunta que esas fallidas alegaciones de Estados Unidos y sus acólitos son “una grave provocación política que viola la dignidad y soberanía de la RPDC”.
Afirmó que la resolución contraviene la Carta de las Naciones Unidas, que estipula el respeto a la soberanía y la no intervención en asuntos internos, y a los esfuerzos de los países miembros por defender y fomentar los verdaderos DDHH a través del diálogo y la cooperación.
La Cancillería afirmó que de esa forma la ONU se convierte en un instrumento de confrontación dirigido a pisotear la dignidad de los países soberanos, doblegándose a la coacción, la arbitrariedad y los designios hegemónicos de EEUU, al que calificó como “el mayor violador de los derechos humanos”.
Aseguró que las fuerzas hostiles nunca podrán tergiversar la verdadera situación de los DDHH en la RPDC, donde se da prioridad absoluta a la dignidad, los derechos e intereses de las masas populares.
Reiteró, además, la voluntad de tomar todas las medidas necesarias para defender la soberanía nacional y los intereses de la población en tanto ello deviene un ejercicio normal e incuestionable de los derechos de un Estado soberano.
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