“De acuerdo a lo que nos dijo Interpol, (…), que se tiene que aclarar alguna relación de hechos, hemos vuelto a mandar esa solicitud para la ampliación de información (…), una vez que se tenga el visto bueno, se va a publicar la notificación”, aseguró el director nacional de Interpol Bolivia, Juan Carlos Bazualto.
Prófugo de la justicia, el extitular de Defensa en el gobierno de facto (2019-2020) y otros cómplices fueron acusados formalmente por la Fiscalía por planificar un atentado contra el presidente Luis Arce, para impedir que asumiera el poder en 2020.
La acusación incluye los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra el presidente y otros dignatarios del Estado en grado de tentativa.
El caso salió a la palestra después de una publicación de The Intercept, que en junio de 2021 reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Arce, en octubre de 2020.
Incluyó el portal digital estadounidense grabaciones a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que demuestran que el exministro del gobierno de Jeanine Áñez lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta.
López escapó a Paraguay, donde solicitó permanecer en la condición de refugiado.
Desde el punto de vista jurídico, en Bolivia el prófugo ya fue objeto de un fallo condenatorio por el caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos para reprimir a quienes protestaban tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 al Gobierno de Evo Morales y reclamaban el retorno del orden constitucional.
Igualmente, tiene un proceso penal por las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, que según expertos internacionales dejaron un saldo de 37 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados.
También el gobernador de Santa Cruz encarcelado preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, Luis Fernando Camacho, confesó en un video transmitido en la televisión nacional que López “arregló” con militares y policías que incumplieran sus deberes constitucionales durante la ejecución del golpe en 2019.
Explicó Camacho que por ese motivo se le asignó la cartera de Defensa en el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Tales ilícitas se investigan en el expediente penal Golpe de Estado I.
Las notificaciones azules de Interpol establecen la búsqueda de más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.
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