De acuerdo con un informe del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sólo en 2023 ocurrieron tres mil 897 asesinatos de féminas en 27 países de la región.
Este número doloroso e inaceptable nos recuerda que, a pesar de los avances en leyes y protocolos, el flagelo sigue presente y es la expresión extrema de los patrones patriarcales y violentos, advirtió el organismo de la ONU.
En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, consideró que es tiempo de actuar con sentido de urgencia.
Actualmente todos los países y territorios del área cuentan con leyes para prevenir y erradicar el problema; 14 adoptaron legislaciones integrales que amplían el rango de acción frente a esta “pandemia en la sombra” y 19 aprobaron protocolos que penalizan el feminicidio.
Pese a los progresos legislativos, a la concientización social y la mejora en la respuesta institucional, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una realidad extendida en América Latina y el Caribe y una grave vulneración a sus derechos humanos, denunció la Cepal.
Según las encuestas nacionales, entre el 63 y el 76 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de agresión en diversos ámbitos de su vida.
El reporte también indica que la mayoría de las muertes por razón de género ocurrieron en el contexto de relaciones de pareja vigentes o finalizadas.
Más del 75 por ciento de las víctimas tenían entre 15 y 59 años; sin embargo, el fenómeno afecta a todos los grupos etarios, y un tres por ciento fueron niñas menores de 15 años y 10 de cada 100 tenía 60 años y más.
La Cepal insta a los Gobiernos a redoblar sus esfuerzos para mejorar los sistemas de registro e información, aumentar los presupuestos para diseñar políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes y a invertir en la prevención.
Es preciso fortalecer la valoración del riesgo y las medidas de protección efectivas, así como el acceso de las mujeres a los servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, y a las oportunidades educativas, económicas y laborales, concluye el informe.
lam/car
