El Ministerio Público en un comunicado calificó de adefesio jurídico, que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano, a esa normativa jurídica que “busca aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano”.
Además pretende mancillar, dijo, el nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar, violar la Constitución, las leyes y la soberanía.
“Atendiendo a esos hechos donde sectores de la extrema derecha liderados por María Corina Machado y otros, han manifestado su apoyo a la misma: (la Fiscalía) ha decidido iniciar una investigación contra la mencionada indiciada para ser imputada, por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico”, subrayó.
La nota señaló que los pronunciamientos públicos realizados por la opositora, ahora residente en Colombia, en torno a este írrito proyecto de ley, “la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria, establecido en el artículo 128 del Código Penal”.
También la conspiración con países extranjeros, establecido en el artículo 132 del Código Penal y asociación para delinquir, establecido en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Remarcó que el Ministerio Público como director de la investigación penal y como órgano del Poder Ciudadano garante de la fiel tradición de libertad, paz, independencia y soberanía que caracteriza a la República, se mantiene firme en su deber de garantizar la justicia.
Así como en su lucha “contra cualquier persona, grupo o ente nacional o internacional que con sus acciones atente contra la estabilidad del país”, añadió.
La víspera la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó por unanimidad en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la República Bolivariana.
Esa propuesta de 18 artículos está inspirada en el legado de dignidad patriótica y antiimperialista de Simón Bolívar, y surge como instrumento jurídico ante el clamor popular de justicia y para sancionar a personas naturales y jurídicas que “gestionen, pidan o coadyuven en cualquier forma” a la aplicación de sanciones.
Como parte de su contenido, la ley propone la inhabilitación política de por vida a las personas que “ayuden y se alíen con agentes extranjeros para imponer medidas coercitivas unilaterales al pueblo” venezolano.
Cataliza también la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio para todos los que promuevan, participen, difundan o hagan apología a la aplicación de sanciones contra el país, así como será un agravante en el delito de traición a la patria.
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