Otro de los propósitos de la medida de protesta es rechazar la decisión de la nueva contralora general, Dorothy Pérez, de impedir que los contratados, si son despedidos, puedan reclamar ante esa instancia y obligarlos a recurrir a la justicia.
“Hoy día hay una inestabilidad latente hacia los trabajadores del Estado, ya que perdieron la única herramienta que da la Contraloría para poder presentar algún requerimiento ante un despido injustificado”, advirtió el presidente de la CUT, David Acuña.
Acuña llamó al Gobierno a escuchar sus reclamos y a los parlamentarios a respetar la labor pública, y advirtió que “nunca más vamos a retroceder en nuestros derechos”.
El dirigente de la agrupación gremial criticó también la postura de algunos legisladores de la oposición que anticiparon su rechazo a un reajuste de salario del 7,5 por ciento nominal y tres por ciento real, cuando ni siquiera se ha presentado.
La convocatoria al paro incluye a todos los asalariados del país, pero sobre todo a los empleados del Estado, y no se descartan más movilizaciones si no hay respuestas a sus demandas.
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