El propio director de la estatal Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, propuso comenzar este sábado seminarios de capacitación para explicar a diputados al detalle la sustentación financiera de las reformas a los sistemas de pensiones que tanto parlamentarios como organizaciones sociales cuestionan por no estar acompañadas de documentación.
Según el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, estas “capacitaciones” son “cruciales” para que los diputados puedan comprender y comunicar con claridad las supuestas ventajas del proyecto de ley 163.
El Gobierno asegura que la reforma pretende ofrecer un sistema de pensiones más flexible con cuentas individuales, una propuesta cuestionada por los gremios que consideran que esta busca privatizar la administración de las jubilaciones.
Para las autoridades es vital que esta iniciativa se apruebe dentro del tiempo establecido, con la fecha límite del 31 de diciembre, ya que de no ser así las jubilaciones estarían en peligro.
“Las arcas del sistema de beneficio exclusivo definido están vacías, eso significa que no tenemos reservas por lo tanto tendríamos que recortar las pensiones un 13 por ciento o pagarlas al 100 por ciento unos cuantos meses y después recortar, lo que es impensable”, señaló Mon.
Sin embargo, voceros de las organizaciones como Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores, precisó en su intervención ante la comisión de Salud en consulta ciudadana que la CSS tiene los recursos necesarios para no aumentar los tres años en la edad de jubilación a las mujeres menores de 50 años y los hombres menores de 55 años.
La propuesta del gobierno, aunque unifica los fondos del sistema de beneficio definido y el mixto, se basa en ahorro pensional, mientras que los sindicatos proponen volver a un sistema único de beneficio definido y de reparto, llamado solidario.
También indicó que el proyecto de ley viola artículos constitucionales y la autonomía de la estatal CSS.
Méndez presentó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que indica cómo en unas 30 naciones fracasó el sistema privatizador de los fondos para el pago de pensiones y volvieron a sistemas solidarios de beneficio único.
Además rechazó el exceso de facultades que otorga al actual director de la CSS para administrar los recursos que son del pueblo.
Los fondos de la CSS irán a parar a la banca, y se destinarán para sustentar el sistema financiero, como admitió Mon ante la prensa, lo que no sucede en ningún país del mundo, remarcó.
De otra parte, recordó a los diputados que el pueblo panameño sabe votar pero también movilizarse y hacer valer sus derechos como lo demostró a finales de 2023, durante manifestaciones en contra de un contrato minero suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum y aprobado en la Asamblea; o en 2002 contra el alto costo de la vida.
Para varios analistas, es casi imposible el propósito gubernamental de que el proyecto sobre la seguridad social sea aprobado en el Legislativo antes que concluya el año en curso, cuando aún falta un anunciado recorrido de los diputados por las provincias, en medio de un creciente coro de voces que demanda se retire el documento por ser lesivo a los intereses de los trabajadores y sus familias.
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