Según círculos cercanos a De Moraes, el juez no debe levantar el secreto de ese documento de 884 páginas, elaborado por la Policía Federal (PF), a diferencia de lo sucedido con las investigaciones del fraude en tarjetas de vacunación antiCovid-19 y los desvíos de joyas y otros artículos de la colección presidencial.
Bolsonaro también fue acusado en ambas causas.
Para el magistrado, de acuerdo con las fuentes, el mantenimiento del secreto, en este caso, favorece lo que llaman trabajo tranquilo del equipo del fiscal general, Paulo Gonet, quien tiene bastante material de las indagaciones sobre las vacunas y joyas del acervo presidencial.
La investigación del golpe, ahora concluida, abarca estas pesquisas y otras averiguaciones sobre noticias falsas, milicias digitales y tramas golpistas, ocurridas antes y después de las elecciones de 2022.
Gonet opinó que llegó el momento de «ver toda la película y no fotografías», y entender las investigaciones, y si los cargos hechos por la PF tienen sentido o no.
Una posible denuncia en el caso del complot golpista quedará para 2025, comunicó la PGR.
Lo anterior, porque «un buen trabajo no se hace sin análisis cuidadoso y con criterios del material recogido (requiere tiempo)», dejó entrever el fiscal general.
Podrían participar en el análisis, los integrantes de la Asesoría Jurídica Penal (en el Supremo Tribunal Federal) y del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos que tiene un coordinador conectado directamente con la oficina del PGR y otros ocho fiscales auxiliares.
En el informe sobre los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, entregado el jueves por la PF a De Moraes, la corporación imputa a Bolsonaro y a otras 36 personas.
Aparecen entre ellos, los generales Walter Braga Netto, exministro de Defensa, y Augusto Heleno, quien dirigió el Gabinete de Seguridad Institucional, hecho inédito en la solicitud relativa a oficiales de tan alto rango.
En la lista están además, los cinco arrestados la pasada semana (cuatro oficiales militares y un agente policial), acusados de conspirar para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes.
Los 37 acusados por la PF son sospechosos de los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.
También la investigación concluyó que había un grupo delincuencial coordinado para mantener la gestión anterior después de la derrota de Bolsonaro en las justas comiciales de 2022 ante Lula.
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