El caso de Sheyla Cóndor, asesinada y descuartizada por un policía con antecedentes de violador en serie al que había conocido por redes de Internet, conmovió al país no solo por lo sanguinario del hecho, sino también por el desdén policial a los ruegos de la madre de la joven que denunciaba su desaparición.
Los policías le dijeron que, como era mayor de edad, posiblemente estaba en algun amorío y ya volvería a casa e ignoraron sus súplicas hasta cuando dijo que había revisado el ordenador de la joven y encontrado una conversación en la que fijaba un encuentro con el hombre que, ante su resistencia a la violación, le dio muerte, para después despedazar su cadáver.
Cuando por fin un policía fue a ver la vivienda del victimario, encontraron los restos embalados en una maleta y dos mochilas y días después fue encontrado en un hotel, donde se había ahorcado.
El menosprecio de los policías a la credibilidad de las denuncias de desaparición de mujeres parece recurrente y es uno de los factores que impide acciones oportunas que pueden evitar feminicidios.
Por ello, la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, declaró que
“No podemos tolerar ningún tipo de desidia en una institución creada para recibir, investigar y sancionar las denuncias de violencia” contra las mujeres.
En Perú, los feminicidios se han incrementado desde 2009 , desde 139 hasta 170 anuales en 2023 y en lo que va de 2024 se han registrado 132 de esos crímenes cuyos autores son en la mayoría de los casos parejas o exparejas de las víctimas.
Cinco grupos feministas y de derechos humanos difundieron hoy un pronunciamiento firmado por más de un centenar de diversas organizaciones sociales que pide “reformas urgentes en el sistema policial para garantizar una adecuada atención a las sobrevivientes y familiares que denuncian” desapariciones de mujeres.
El documento advierte que es obligación de las autoridades priorizar y fortalecer los servicios especializados de atención que, afirma están abandonados y son “la primera linea de apoyo para las víctimas de violencia”.
Agrega que las diferentes formas de violencia contra las mujeres, en toda su diversidad “lejos de ser abordadas integralmente, están desatendidas; lo que expone a niñas, adolescentes y mujeres a muertes y riesgos prevenibles.
“La cultura de la impunidad y el pacto de silencio de las instituciones y corporaciones debe llegar a su fin”, advierte.
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