El conflicto estalló el sábado pasado cuando el gobierno transitorio acusó al embajador Salvador Pinto de distribuir sin previa autorización la suma de un millón 300 mil euros asignada por la UE para sanar los daños causados por las recientes inundaciones, entre ellos las vidas de 300 personas.
Asimismo, más de un millón 100 mil personas fueron obligadas por las aguas a abandonar sus lugares de residencia, en una catástrofe que abarcó a varios países del este, el oeste y el sur del continente africano.
Ese mismo día la agrupación llamó a su representante, emitió una declaración en la cual rechaza las alegaciones del país anfitrión y expresó su “profundo desacuerdo con las alegaciones nigerinas”.
Al día siguiente, domingo, la Cancillería nigerina emitió una declaración en la cual adujo que el embajador de la UE “prosiguió operaciones desautorizadas a pesar de advertencias en octubre pasado”, subrayó que la colaboración con el diplomático “resulta inviable”, y solicitó su remplazo lo antes posible.
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