La decisión de la magistrada siguió a la presentación judicial que hizo este mismo lunes el fiscal especial, Jack Smith, quien anunció que abandonaba el caso y solicitó dejarlo sin efecto por ahora, pues quedó abierta la posibilidad de reabrirlo una vez que el republicano concluya su mandato en enero de 2029.
Smith argumentó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre y la normativa del Departamento de Justicia impide procesar a un presidente que esté en ejercicio.
Tal política de no procesar a un presidente en ejercicio data de 1973 en la era de Richard Nixon, en pleno escándalo del Watergate que provocó su renuncia, pero el caso de Trump, elegido para la Casa Blanca tras ser procesado penalmente, es un hecho inédito.
En la solicitud de Smith explicó que Trump asumirá el cargo a partir de enero y esa «prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, de la solidez de las pruebas del Gobierno ni de los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda plenamente”, o sea, nunca se estableció inocencia del ahora presidente electo.
Nunca antes un exocupante de la Casa Blanca se había enfrentado a cargos penales a nivel federal (ni estatal).
La estrategia legal de Trump logró que el juicio nunca se realizara antes de los comicios.
Además, en julio la Corte Suprema emitió un histórico fallo que le otorgó al Presidente cierta inmunidad frente a un eventual procesamiento penal.
Pese a las críticas que generó en su momento el dictamen del Supremo, el exgobernante lo calificó como “victoria para la democracia”, pero el presidente Joe Biden advirtió que sentaba un peligroso precedente.
Trump atacó a Smith persistentemente en redes sociales durante toda la investigación y luego amenazó con despedirlo una vez que retorne al cargo, con lo que rompería normas anteriores sobre las investigaciones de fiscales especiales.
Sin embargo, Trump no tendrá potestad para interferir en los procesos abiertos contra él por las autoridades estatales de Georgia y Nueva York.
La semana pasada, el juez Juan Merchan, que supervisa el caso penal de Trump en Nueva York, pospuso indefinidamente su sentencia tras ser declarado unánimemente por un jurado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio.
Trump trató de ocultar durante la campaña de 2016 un romance previo a ese año con la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. El pago de 130 mil dólares lo hizo a través de su entonces tapadera, el abogado Michael Cohen.
Además, el equipo legal de Trump sigue tratando de evitar de que sea procesado en Georgia, donde es acusado de una gran trama al estilo organización criminal para intentar anular su derrota electoral de 2020 en el estado.
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