En la manifestación, la excandidata presidencial independiente a los comicios generales de mayo pasado, la economista Maribel Gordón, señaló que la iniciativa (Proyecto 163) presentada por el Gobierno a los diputados atenta contra las libertades elementales de las féminas.
Gordón indicó que elevar la edad de jubilación tres años para salvar de la crisis financiera a la estatal Caja de Seguro Social (CSS) es una propuesta discriminatoria e inhumana y va en contra de la vida digna de las istmeñas.
Repudiamos todo lo que entraña ese texto en materia de violencia de carácter económico, político, social, ambiental e institucional, remarcó.
En respaldo a sus compañeras, dirigentes de organizaciones sociales como Saúl Méndez, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción; o Marco Andrade, máxima autoridad en la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, subrayaron que las reformas que quiere imponer el Ejecutivo solo traen más desigualdad y jubilaciones de miseria.
Méndez comentó que las mujeres, históricamente discriminadas en Panamá, como regla reciben salarios más bajos, aunque estudian más y también ahora sufren la violencia del Estado con proyectos de leyes como el de la CSS.
La discusión sobre las reformas para modificar la Ley No. 51 de seguridad social está signada por la polarización, pues tanto el presidente de la República, José Raúl Mulino, como los dirigentes de organizaciones populares y los diputados, manifiestan diferencias, algunas irreconciliables.
El Gobierno asegura que pretende ofrecer un sistema de pensiones más flexible con cuentas individuales, una propuesta cuestionada por los gremios que consideran que esta busca privatizar la administración de las jubilaciones.
Para las autoridades es vital que esta iniciativa se apruebe dentro del tiempo establecido, con la fecha límite del 31 de diciembre, ya que de no ser así las jubilaciones estarían en peligro.
Sin embargo, voceros de las organizaciones populares consideran que el proyecto debe retirarse por violar artículos constitucionales y la autonomía de la propia CSS.
El propio Méndez recordó a los diputados que el pueblo panameño sabe votar pero también movilizarse y hacer valer sus derechos como lo demostró a finales de 2023, durante manifestaciones en contra de un contrato minero suscrito entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum y aprobado en la Asamblea; o en 2022 contra el alto costo de la vida.
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